¿Conoces el precio de una radiografía, el coste que ha supuesto para la sanidad pública el parto de tu hija, o cuánto vale una operación de apendicitis? El derecho a una asistencia sanitaria pública es una conquista social alcanzada hace años pero que conlleva evidentemente unos elevados costes económicos.

Muchos servicios públicos son en apariencia gratis para la ciudadanía, pero tienen un coste que a menudo no es percibido, ni valorado, por las personas usuarias. Si consiguiéramos dar información, bien transmitida, sobre esos “costes no visibles”, podríamos poner en valor la importancia de, por ejemplo, pagar los impuestos.

Con esa idea surgió la “factura informativa”, o como también se da en llamar, la “factura sombra”, que se emite para informar de esos costes y concienciar a la población del valor y el precio de las atenciones, y también de los medicamentos, de forma que se logre un uso responsable del sistema. No se cobra la atención, porque es pública, pero los pacientes y sus familiares aprenden a “poner en valor” el servicio recibido, y a reconocer la importancia de contribuir con sus impuestos a que el sistema siga siendo viable.

La medida, desgraciadamente, no se ha extendido y, en la mayoría de los casos, se ha retirado, sobre todo por razones prácticas, porque aplicarla ha sido imposible dada la dificultad de fijar “tarifas aproximadas” de los distintos servicios médicos que difieren mucho dentro del territorio nacional. Sin embargo, aunque eso sea así, sigue siendo interesante como modelo de sensibilización, si se resolvieran esas limitaciones. Es una medida loable, que nació con una finalidad pedagógica, y que debería extenderse a otros ámbitos, como la educación, la cultura o el medioambiente.